Escuelas porteñas deben poner rampas

El 95% de los colegios privados y el 75% de los públicos no garantizan condiciones para los alumnos en sillas de ruedas o con otros problemas de movilidad. En muchos casos, las autoridades escolares los discriminan: recomiendan que se cambien de establecimiento.

Un fallo de la Justicia porteña le ordena al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que coloque rampas y accesos en las escuelas públicas y privadas en menos de 240 días. Fue a partir de una denuncia que realizó en 2006 la Fundación Acceso Ya, una organización que defiende los derechos de las personas discapacitadas. Sólo en la ciudad, la falta de accesibilidad deja afuera del sistema educativo a 21 mil chicos que tienen movilidad reducida.

La fundación, que recibe más de 120 denuncias por mes por “barreras físicas en los ámbitos arquitectónicos urbanos” en toda la Argentina, realizó un relevamiento en todas las escuelas porteñas y determinó que el 95% de los colegios privados y el 75% de los públicos no tiene un acceso para los chicos que van a clases en sillas de ruedas. “Este fallo es un precedente, porque avanza en los derechos de las personas con discapacidad y reconoce la accesibilidad como el medio para el ejercicio de otro derecho que es la educación”, dijo la directora de la Fundación, Evangelina Gálligo.

La jueza en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de Buenos Aires, Elena Liberatori, fue quien puso la firma al dictamen: “Se le ordene a quien resultare competente a que implemente las medidas necesarias para garantizar la accesibilidad adecuada de las personas con discapacidad motriz o capacidad motriz reducida, a la totalidad de las escuelas públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires incorporadas a la enseñanza oficial que abarquen desde el nivel inicial hasta el nivel terciario. Todo ello, en cumplimiento de las normas constitucionales, leyes y decretos dictados a favor del sistema de protección integral de las personas con discapacidad estableciendo la supresión de barreras físicas en los ámbitos arquitectónicos urbanos”. Un vocero del Ministerio de Educación dijo que aún no fueron notificados del fallo. En la fundación admitieron que la medida puede ser apelada.

Melanie Escudero es voluntaria de la Fundación Acceso Ya y fue una de las afectadas por la falta de rampas en su escuela. La adolescente, de 18 años, vive en Colegiales y cursaba en el Normal Nº 10 de Belgrano, pero la falta de acceso le dificultaba la llegada. “No pude tener una vida normal. Me cansé de pelear por lo que me corresponde por ley”, le dijo a este diario en una nota publicada en 2008. Sus papás hicieron un pedido a las autoridades para que pusieran una rampa de acceso, que finalmente llegó pero defectuosa. “No cumplía con las normas pertinentes. La pendiente era inadecuada y le faltaba la baranda correspondiente”, contaron. La joven, finalmente, se cambió a una escuela especial.

“Los chicos tienen que emigrar de una escuela a otra o dejan de ir a clases porque se les vuelve difícil esta situación. Las denuncias por falta de accesibilidad también muchas veces van acompañadas por actos de discriminación. Las escuelas carecen de rampas pero también los funcionarios tienen conductas de hostigamiento para que los chicos abandonen la institución”, contó Gálligo.

Dylan Esteche, 12 años, vivió en carne propia el hostigamiento de las autoridades de su colegio. El chico usa silla de ruedas por una discapacidad severa y va la Escuela “Joaquín V. González” de Caballito. Su quinto grado, durante todo 2009, funcionó en el primer piso y tenía que subir reptando al aula. Su mamá le pidió a la directora que traslade el curso a la planta baja, pero la docente se negó y le aclaró que debería buscar otro colegio para 2010.

La denuncia llegó hasta Acceso Ya y la Defensoría del Pueblo. Un fallo de la Justicia, favorable para Dylan, obligó a que se respete su vacante en la escuela y que los cursos a los que asiste se dicten en la planta baja del establecimiento. “En esa escuela no hay rampas, ascensores ni baños para que ese menor asista al colegio. Esto pone en evidencia la falta de interés del gobierno de la Ciudad para resolver estos casos”, opinó Gálligo.

Eso será por poco tiempo. En 240 días, la situación deberá cambiar.

Fuente; Crítica, 06/02/2010