Un sol intenso cubre el asfalto de las calles porteñas. Es 14 de noviembre de 2017 y la mañana se presenta tan calurosa como aquel 15 de diciembre de 2015. Pasaron casi dos años desde aquel lamentable suceso en el que Claudio Waisbord, fundador de la ONG Acceso Ya, no pudo acceder al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos (C.A.B.A.) porque el edificio no contaba con una entrada accesible para personas usuarias de silla de rueda.
Waisbord, junto a su equipo de trabajo, se encuentran nuevamente frente a las puertas del recinto ubicado en la calle Cerrito 760 que, ahora, en su entrada alternativa, posee una plataforma elevadora para el ingreso y egreso de personas con movilidad reducida a la entidad judicial. Allí, en su despacho del primer piso, los recibe la Jueza Alicia E. C. Ruiz para conversar acerca del voto que emitiera en favor del pedido de inconstitucionalidad de la Resolución 309 presentado por Acceso Ya ante el Supremo Tribunal de Justicia de CABA. La alta magistrada porteña fue la única que, basándose en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad- consagra el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad- dio lugar al recurso extraordinario federal presentado, oportunamente, por la ONG contra la Dirección de Habilitaciones de la ciudad de Buenos Aires por entender que tal resolución, al permitir la habilitación de locales comerciales inaccesibles, vulnera el derecho a la accesibilidad física de las personas con movilidad reducida a edificios públicos y privados, de uso público, en igualdad de condiciones con las demás.
¿Usted cree que, al mantener vigente la Resolución 309, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires trata de desresponsabilizarse del problema y trasladarlo a la sociedad?
Prefiero no hablar de intenciones sino de lo que debería hacerse para que se produzcan transformaciones positivas. Desde mi perspectiva, la ley está mucho más en orden al reclamo de derecho por el que ustedes accionaron que las resoluciones administrativas como la mencionada Res.309, dictadas en ese marco. Si bien pudieran haber prevalecido intereses mezquinos para ello, lo más grave es no advertir, no darse cuenta, no tomar conciencia de los efectos dañosos que ocurren para un sector importante de ciudadanos por restricciones como las existentes. En tal sentido, el primer paso es habilitar canales para ser escuchados y participar con la sociedad civil, y con todos los órganos del Estado en la construcción de soluciones adecuadas. Porque una cosa es lo que puede aportar la administración, otra es lo que suma el Poder Legislativo, cuando sanciona leyes que asumen la gravedad de una situación social de vulnerabilidad y por la vía legal consagra la ampliación de derechos. Otro es el espacio de los jueces en los litigios estructurales y colectivos o en las demandas individuales donde aún hay mucho por hacer. Pese a que han pasado más de dos décadas desde la constitucionalizacion de los derechos humanos, lamentablemente, la mentalidad de muchos juristas sigue siendo la de entender al derecho privado como un derecho particular. Es una paradoja porque el derecho sirve, a veces, para adelantarse al grado de conciencia media y anticipar soluciones y otras veces para consolidar lo que está dado. El derecho puede adelantarse a cambios muy importantes pero las grandes transformaciones sociales se logran desde la propia sociedad, es decir, detrás de la consagración jurídica de derechos siempre hay una lucha social que se ha ganado y una vez consagrado jurídicamente el derecho, nace otra batalla que es la de reclamar la efectivización de la ley. Porque, en todos los campos donde aparecen diferencias que la sociedad “naturaliza”, surge el problema de que nos dicen que todos somos titulares de derechos y sin embargo, son muchos los que no disponen ni pueden reclamar por esos derechos. En la práctica cotidiana “todos no somos todos”. Entonces, por un lado tenemos a la vista las múltiples dificultades que la organización de la sociedad genera y por otro, y por diferentes razones, no somos capaces de mirar a quienes están afectados por determinadas situaciones, en este caso, por ejemplo, las derivadas de desventaja física. El problema es cómo la sociedad organiza las relaciones, el acceso y la distribución de los bienes culturales, materiales y económicos.
Aún hay más en un mundo donde la distinción entre lo público y privado se vuelve cada vez más imperceptible y donde el interés individual se exhibe como el camino regio del éxito, estamos perdiendo cierta condición de ciudadanía al no poder pensar en el espacio público como un espacio que nos involucra a todos.
¿Qué puede comentar acerca de lo ocurrido cuando los representantes de Acceso Ya, la parte actora, no pudieron concurrir a la primera audiencia conciliatoria con la Dirección de Habilitaciones de la ciudad, por la Resolución 309, debido a que el Tribunal Superior de Justicia no contaba con un ingreso accesible para personas con movilidad reducida?
Dramáticamente fue esa circunstancia la que impidió celebrar esa primera audiencia. A partir de ahí, hubo una notable preocupación por encontrar la manera de asegurar en un edificio con carencias notorias en esta materia, el acceso al recinto de las personas con discapacidad. Y quedó claro que cualquier ámbito para la Justicia de la Ciudad, debe ser accesible, amigable y no hostil. No obstante, un dato que me parece interesante rescatar, aunque no justifique en absoluto lo sucedido, es que desde su creación- como se encuentra en un edificio con importantes limitaciones físicas- hubo una sincera intención de resolver el problema de la falta accesibilidad, pero nunca bajo presión. Sin esa presión bien ejercida, entonces, se hace muy difícil producir un cambio de mirada estructural.
La falta de acceso a los espacios públicos, a lugares de distracción, al transporte público, en la ciudad de Buenos Aires es inaceptable no por razones piadosas sino porque implica lisa y llanamente privación de derechos. Como ciudadana creo que deberíamos ampliar los reclamos, de manera que incluyan más variedad de situaciones complejas y que, a su vez, propicien la búsqueda de soluciones integrales. Solo así quedará en evidencia que las personas que tienen problemas de accesibilidad física, lejos de ser una minoría, representan a una gran parte de la población porque nadie está exento de encontrarse, en alguna etapa de la vida, en las mismas condiciones que una persona con movilidad reducida.
Uno aprende día a día cuando se topa con situaciones sobre las que antes no había reflexionado. Temas sensibles como, por ejemplo, quiénes y bajo qué condiciones pueden ocupar el espacio público nos ayudan a develar cuánto falta por pensar, hacer, discutir y escuchar a los demás, Estoy convencida de que la democracia supone la pluralidad, la disidencia y que las mayorías absolutas o la unanimidad no siempre son el mejor camino para ampliar los derechos y la inclusión social.
Insisto en defender una imagen polifacética de la justicia. Una justicia caleidoscópica, que sea capaz de incorporar los derechos y las necesidades en todas sus dimensiones, que resuelva las controversias que se le presentan. Porque uno puede pelear por uno caso y que esa “pelea” quede registrada, pero la verdadera batalla comienza al desarmar lo que queda de las anteriores maneras de establecer vínculos. El problema, con respecto a la Resolución 309, consiste en cómo se “lee”, como se “interpreta” el texto. Por eso, insisto en que es necesario trabajar con los poderes administrativos y legislativos para que estén alerta y cuando piensen en la implementación o en la mejora de un proyecto público como, por ejemplo, la ampliación de las redes de subterráneos deben prever que, como parte del avance, no puede haber más limitaciones arquitectónicas que impidan a las personas con movilidad reducida hacer uso de ese servicio público.
¿Qué piensa del entorno social como discapacitante o condicionante de la discapacidad?
No creo que haya ninguna condición de la naturaleza o de la esencia de cualquiera de nosotros a la que pueda atribuirse una discapacidad. Hay quienes sostienen que una persona sorda, por ejemplo, puede desarrollar una capacidad que nosotros, los denominados convencionales, no tenemos. La capacidad de manejar simultáneamente dos idiomas. Estos casos sirven entender que las discapacidades son “sociales” y no características de un individuo y para provocar un giro copernicano en el enfoque del tema.
Hablar de personas con discapacidad, implica, por el contrario, caer en un paradigma esencialista que conduce a mirar a esas personas con discapacidad solo como víctimas. Es cierto que existen circunstancias en que la carencia de derecho las ubica en situación de víctimas, pero ninguna de ellas ni de nosotros somos simplemente víctimas. Lo que tenemos que discutir son los factores obstaculizantes que existen en la sociedad y que nos atraviesan de distintas maneras.
¿Por qué considera usted que cuesta tanto ponerse en el lugar del otro?
Considero que se trata de un debate tanto ético como político. Vivimos épocas en las cuales, trágicamente, cada vez se observa más hostilidad hacia el que es diferente. Sin embargo, resulta paradójico porque existe una ambivalencia en relación a temas sensibles como la migración, cualquier tipo de discriminación o la distribución de trabajo, entre muchos otros. Por un lado, se amplía el debate sobre estas cuestiones y al mismo tiempo, por el otro, dichas problemáticas sociales se incrementan. Por eso, insisto en que son situaciones que contienen un aspecto valorativo, que te hace ser o no más propicio a generar cierta empatía con aquello que es diferente, pero sobre todo tienen una dimensión política. Por lo tanto, también tiene que ver con la manera en la que se enseña. Si, por ejemplo, las facultades de Derecho fuesen más formativas respectos de estas temáticas, no como un dato exótico sino como el núcleo en la formación de los futuros abogados, me parece que haríamos un aporte responsable a la sociedad. Porque, aún hoy, como discurso y como práctica social, el derecho es el modo a través del cual un reclamo es expresado en términos de búsqueda de una respuesta, una solución.
Por otro lado, cuando se lleva a cabo una labor como la de ustedes, se piensa en un determinado modo de organización social que no es el que tenemos, pero es un horizonte al que vale la pena aspirar. Porque se apunta a una sociedad que, en lugar de excluir, incluya; una sociedad que no discrimine. Para eso, a su vez, es necesario generar conciencia acerca de la importancia que esta problemática conlleva porque, lamentablemente, muchas personas no se dan cuenta hasta que una situación desfavorable las afecta personalmente a ellas o a alguien de su entorno cercano.