Pasó el Rallydad 2019 y una vez más, como tantas otras, dejó un sabor amargo. Pero, en esta décimo tercera edición, la impotencia e indignación fue doble porque la ardua tarea de intentar sortear las distintas barreras físicas que ofrece la Ciudad de Buenos Aires en los ámbitos arquitectónicos, urbanos y en el transporte, además de la falta de accesibilidad, visibilizó como la ausencia de una rampa, un ascensor o plataforma elevadora y un baño adaptado implica para las personas con movilidad reducida una doble vulneración a sus derechos.
Las tres escuelas que incluyó el breve recorrido por el barrio porteño de Flores son un claro ejemplo de ello. Porque, más allá de ninguna barrera arquitectónica puede ser un impedimento para que un niño pueda gozar del derecho a la educación, es importante recordar que este es un año electoral. Como ocurre cada cuatro años, en octubre, elegiremos a los gobernantes que manejarán el destino de la Argentina los próximos años y la posibilidad de ejercer el deber y el derecho ciudadano de votar no debería, bajo ninguna circunstancia, verse supeditada a las condiciones de accesibilidad de las escuelas y colegios designados a tal fin.
Sin embargo, lamentablemente, una vez más, quedó demostrado que serán muchas las personas con dificultades de movilidad que no podrán sufragar en condiciones de seguridad, comodidad y autonomía. Nosotros, en un radio de cuatro cuadras, encontramos dos establecimientos educativos a los que ninguna persona con movilidad reducida podría asistir: la Escuela N° 02 Florencio Varela, ubicada en Caracas 10, que tiene dos ingresos con escalinatas sin salvar por ningún medio de elevación mecánico, y la Escuela N° 19 Leandro N. Alem, en donde cuatro escalones y ningún medio mecánico de elevación hacen imposible el acceso de una persona mayor, una mujer embarazada, una persona usuaria de silla de ruedas o con carrito de bebé. No obstante, el edificio posee un ingreso alternativo con rampa pero su pronunciada pendiente y sus medidas antirreglamentarias la convierten en una opción no recomendable. Además, tampoco cuenta con un ascensor o plataforma elevadora que conecte la planta baja con el primer piso.
Mientras relevábamos lugares para organizar el Rallydad, en octubre 2018, tuvimos nueva mesa de trabajo sobre accesibilidad en escuelas con representantes de la Dirección General de Infraestructura Escolar -dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad- a fin de solicitarles que elaboren un plan de accesibilidad en base al revelamiento final de escuelas porteñas, cuyos resultados indicaron que, sobre un total de 750 escuelas estatales, 600 cuentan con condiciones de accesibilidad básicas- rampa de ingreso, baños adaptados, aulas accesibles y señalética correspondiente-, y de ellas 299 tienen accesibilidad total, es decir que garantizan una libre circulación horizontal y vertical. Todo esto en virtud de la sentencia favorable que tenemos hace ocho años. Porque nuestra lucha por conseguir la accesibilidad edilicia en los establecimientos educativos porteños, tanto públicos como privados, no es de hoy ni de ayer. Comenzó en diciembre de 2006. Tras haber recibido numerosas denuncias de padres de niños con movilidad reducida que no encontraban escuelas de enseñanza común donde inscribir a sus hijos, iniciamos un amparo colectivo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) para exigir el cumplimiento de las leyes de accesibilidad en todos los colegios de la ciudad.
Tres años después -diciembre de 2009- la Jueza a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 4, Señora Elena Liberatori, dio lugar a la acción y condenó al Gobierno de la Ciudad a relevar todas las escuelas en un plazo de cuatro meses y ordenó a los establecimientos públicos presentar un plan de obra y acreditar intimaciones a los colegios privados en un plazo de otros 120 días. Pese a su claridad y contundencia, la sentencia quedó firme recién en 2012 después de que el G.C.A.B.A. perdiera en instancias de apelación. En diciembre de ese mismo año, el entonces Ministro de Educación de la Ciudad, Esteban Bullrich, firmó con Acceso Ya un acuerdo para cumplir con lo dictaminado por la Justicia. El mismo estipulaba el 2015 como fecha límite para la ejecución de las obras de adaptación.
Tras haber quedado firme el fallo, en 2013, solicitamos al único perito arquitecto que entiende en la causa que inspeccione una nómina de 163 escuelas. Al año siguiente, examinó una lista de 199 establecimientos educativos. En el 2015- año en que, como mencionamos en el párrafo anterior, debían finalizarse las obras de adaptación- el perito judicial observó las condiciones de accesibilidad de 211 escuelas, de las que siete corresponden a instituciones privadas. En tanto, durante el 2016, no pudieron realizarse los peritajes correspondientes porque el expediente pasó del Juzgado N°4 en el Contencioso Administrativo al juzgado Civil. La ONG, entre 2017 y 2018, encomendó al perito judicial la revisión de los últimos 240 establecimientos educativos de la ciudad y, como señalamos, los resultados fueron presentados en la última mesa de trabajo.
Pasaron cuatro años de la fecha tope para la ejecución de las obras de adaptación, finalizaron mandatos, cambiaron los nombres y lo único que no cesa es la bronca, impotencia e indignación. Por la desidia de los responsables de hacer cumplir lo determinado por la Justicia. Porque ese desinterés excluye a miles de argentinos de dos actividades fundamentales en la constitución de su personalidad y su activa participación social: la posibilidad de formarse y la oportunidad de elegir a las autoridades que los representan. Porque, a causa de esa apatía, aún existen escuelas -públicas y privadas- que vulneran derechos por falta de accesibilidad.