Contradicción es la primera palabra que se me viene a la cabeza al momento de querer contar la historia de Paola Torres, una persona con baja visión y usuaria de bastones canadienses. Su doble condición de discapacidad nunca significó para ella un impedimento a la hora de formarse académicamente. Paola, hace tres años, cursa la tecnicatura en Pedagogía y Educación Social con orientación en Derechos Humanos en el Instituto de Formación Técnica Superior N° 28 (IFTS), ubicado en la calle Bartolomé Mitre 3560, en el barrio porteño de Balvanera.
Hasta aquí parecen no haber contradicciones pero, lamentablemente, existe una enorme contradicción entre la institución y una de las carreras terciarias que allí se dictan ¿Por qué? Simple e increíblemente porque el edificio de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), en donde funciona el IFTS, no garantiza las condiciones de accesibilidad mínimas para que pueda asistir una persona con movilidad reducida. Un lugar que enseña Derechos Humanos no los respeta. La situación, además de contradictoria, resulta inadmisible porque es un establecimiento educativo al que asisten varios alumnos con movilidad reducida.
“Siento bronca e impotencia porque la institución ofrece una formación en Derechos Humanos. Se trata de una especialización en acompañamiento y contención, sin embargo las mismas autoridades responsables no nos consideran. Vulneran tanto los derechos de mis dos compañeros con movilidad reducida como los míos porque, además de no contar con un baño adaptado, la plataforma elevadora de la entrada funciona de manera irregular hace un año y medio”, cuenta indignada Paola al referirse a las malas condiciones en las que debe cursar para finalizar la carrera.
Tanto Paola como Olga y José – las otras dos personas con movilidad reducida- deben recurrir a la buena predisposición y solidaridad de sus compañeros que los alzan a upa, como si fueran niños, para ingresar y egresar de la institución. Este hecho no solo pone en riesgo la integridad física de cada uno de los involucrados, sino que además provocan daños irreparables en la autoestima de los sujetos que dependen permanente de la voluntad de terceros para no quedar excluidos y poder gozar de un Derecho Humano tan fundamental como es el derecho a la educación, en todos sus niveles.
Asimismo, al tratarse de un organismo público, está doblemente obligado a cumplir con las normativas vigentes en materia de accesibilidad. Debe garantizar el cumplimiento de la Ley Nacional de Accesibilidad -Ley N°24.314-; la Ley N° 25.280, que ha ratificado la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las Personas con Discapacidad (PcD), y la Ley N° 26.378, que aprueba la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de las PcD.
Pese a los reiterados reclamos realizados por las autoridades del IFTS N° 28 para que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) se haga cargo de la reparación y mantenimiento de la plataforma elevadora, Paola afirma que “nunca nos dieron una solución permanente, lo arreglan y constantemente vuelve a romperse”. En consecuencia, una vez más, Acceso Ya intimó a los responsables a que adopten las medidas necesarias para garantizar a las personas con movilidad reducida el acceso y uso de las instalaciones, de manera cómoda, autónoma y segura, en igualdad de condiciones con los demás.