“Consideramos que un plan de accesibilidad a corto plazo debe contemplar la colocación de dispositivos mecánicos de elevación en todas las estaciones de la red de subterráneos que lo permitan como, por ejemplo, la estación Constitución que tiene anchas escalinatas que posibilitarían la colocación de una plataforma elevadora y no fue contemplada en el plan de contingencia presentado por las partes demandadas”, explica María Josefina Macías, coordinadora de Acceso Ya, acerca de la exposición realizada el pasado miércoles, 31 de octubre, en el Juzgado n.° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en la Avenida de Mayo 654, durante la audiencia pública convocada por el juez Roberto Andrés Gallardo.La ONG participa en carácter de coactor en la demanda contra SBASE, Metrovías S.A., el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos (EURSP) y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) por la falta de accesibilidad en la red de subterráneos de Buenos Aires. Lo expuesto por Metrovías S.A. -empresa concesionaria de la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires- y Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) ante el juez Gallardo,titular del Juzgado n.° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires,no justifica el incumplimiento de la medida cautelar que ordena a ambas demandadas a presentar un plan de accesibilidad para que las personas con movilidad reducida puedan acceder al servicio de transporte subterráneo en un corto plazo, sin tener que esperar a que finalicen con la realización de las obras de adaptación definitivas.
Asimismo, las obliga a dar a conocer el estado de funcionamiento de los ascensores y escaleras mecánicas de la red. Por eso, la audiencia, en la que estuvieron presentes también representantes de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.) y de la Procuración General, se llevó a cabo con el propósito de determinar de qué manera las partes demandadas darán cumplimiento a lo ordenado por la Cámara de Apelaciones.
“Aquellas estaciones que resulten estratégicas para los usuarios como, por ejemplo, la estación Alem -Línea B-, en la zona de Puerto Madero, deben ser prioridad en cuanto a la realización de las obras de accesibilidad tendientes a garantizar a las personas con movilidad reducida la utilización del servicio, debido a que tienen conexión con el sistema de transporte ferroviario y llegan a lugares a donde pasan varias líneas de colectivo”, detalla Macías. Y agrega: “Lamentablemente, aún no vemos voluntad de cumplimiento. Por eso, continuaremos trabajando para lograr la accesibilidad en subtes, que nos otorgue celebridad en el traslado a todos los ciudadanos por igual”.
“Claramente, existe una desidia por parte del Estado y de las empresas responsables del transporte subterráneo en relación a la problemática de la falta de accesibilidad en la red”, cuenta Alejandra Álvarez, voluntaria de la ONG, que se desplaza apoyada sobre un andador, acerca de los argumentos expuestos por los representantes de Metrovías S.A. “No obstante, la posición del juez Gallardo fue favorecedora al colectivo de personas con discapacidad motriz, así que esperemos que nuestro reclamo prospere y siente un precedente con respecto a los demás medios de transporte público”, aseguró.
Hay una realidad que es innegable y es preciso poder modificarla lo más pronto posible. Las personas con movilidad reducida no pueden seguir esperando que las partes involucradas se pongan de acuerdo sobre los métodos y el tiempo que demandará dotar de accesibilidad a todas las estaciones que conforman la red de subterráneos de Buenos Aires, porque la vida pasa y no los espera. No garantizarles un acceso adecuado al servicio de subtes es una de las tantas maneras de excluirlos de la vida social. Porque, si no pueden trasladarse a distintos puntos de la ciudad, quedan impedidos de poder desarrollar al máximo su personalidad y potencialidades, en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos.