¿Existirá alguna razón válida para negarle a una persona usuaria de silla de ruedas el derecho a elegir libremente a qué lugar de la ciudad quiere dirigirse y a través de qué medio de transporte hacerlo? ¿Acaso mi tiempo no vale tanto como el de cualquier otra persona sin dificultades físicas? ¿Cómo puedo pensar en desarrollar al máximo mis potencialidades si no cuento con un servicio de transporte público accesible que me permita llegar a tiempo a realizar mis actividades cotidianas?
Son las 7.40 de la mañana, de un frío y lluvioso jueves en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y mientras espero en la parada de la línea de colectivo 152- sobre la Avenida Santa Fe al 3500- estos interrogantes se apoderan de mi atención. Porque, como le sucede a la mayoría de las personas con movilidad reducida, cada vez que salgo a la calle, tengo que calcular una mayor cantidad de tiempo extra para no llegar tarde a mi trabajo, a la universidad, a una consulta médica o, simplemente, a algún lugar de paseo. Sin embargo, cabe destacar que la falta de accesibilidad no está únicamente relacionada a las condiciones de los coches.
Las líneas que circulan dentro de CABA son un ejemplo de eso. Si bien, todas sus unidades cuentan con rampas y espacios reservados para la ubicación de usuarios de silla de ruedas, la falta de mantenimiento de las mismas y de empatía, tanto de los choferes que no se toman el trabajo de arrimar el colectivo al cordón de la vereda, como de los ciudadanos que estacionan en las paradas, implican que algo tan sencillo de resolver para un ciudadano de a pie, para una persona con movilidad reducida sea una verdadera pesadilla.
El Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad es muy claro en referencia a la Ley N° 25.644- Transporte colectivo terrestre de jurisdicción nacional- al establecer, entre otros ítems, la obligatoriedad de renovar los colectivos para que sean accesibles, tener puertas para subir o bajar que permitan el ingreso de una silla de ruedas, reservar dos asientos para personas con discapacidad, permitir que las personas con discapacidad suban o bajen del colectivo por cualquiera de las puertas, tener espacios para ubicar los elementos que la persona con discapacidad usa para trasladarse y llevar el número de línea, ramal y otras indicaciones en carteles fácilmente visibles.
No obstante, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes, resulta indispensable que se creen mecanismos de control y que, al mismo tiempo, se implementen políticas públicas tendientes a resolver el problema de manera definitiva. De lo contrario, las personas con movilidad reducida seguiremos desperdiciando horas de nuestra vida con preguntas sin respuestas como ¿Quién nos devuelve nuestro tiempo? o ¿Por qué por movilizarnos en silla de ruedas tenemos que estar a expensas de la buena voluntad de los demás para acceder al servicio de transporte público?
Inhumano
La odisea que vivió Luis Alberto Romero, una persona usuaria de silla de ruedas, para viajar desde la provincia de Córdoba hasta la Ciudad de Buenos Aires, representa tan solo uno de los cientos de casos de personas con movilidad reducida que son humilladas por los servicios de transporte de pasajeros de media y larga distancia por no contar con unidades accesibles.
“Cuando fui a retirar los pasajes me dijeron que iba a poder acceder al micro con mi silla de ruedas y utilizar el baño, pero era todo mentira. Dolores de cintura, riñones, estómago y ardor al orinar, entre otros síntomas, fueron las consecuencias de no haber podido ir al baño durante las nueve horas de viaje y además, como el ancho del pasillo no era lo suficientemente amplio para que pasara la silla, tuve que arrastrarme hasta el asiento”, relató aún indignado Luis. Y agregó: “Mi esposa fue mal tratada cuando nos acercamos a la boletería a reclamar porque me habían asignado asientos en la parte superior del micro. Nos dijeron que había sido un error pero, de no haber sido por una señora que muy amablemente nos cambió el asiento, no hubiésemos podido viajar”, concluyó.