Las ciudades de Resistencia, provincia de Chaco, y San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, serán las primeras del interior del país en incorporar unidades de transporte público accesibles para el uso de personas con movilidad reducida. Así lo determinó la justicia provincial en pos de garantizar el derecho de todas las personas a contar con un entorno accesible.
En el primer caso, la Cámara Contenciosa Administrativa dio lugar al mandamiento de ejecución solicitado por la Defensoría del Pueblo y ordenó al intendente del municipio de Resistencia, Jorge Capitanich, incorporar unidades de transporte público adaptadas para personas con movilidad reducida (fuente: http://www.corrienteshoy.com/noticias/view/196185).
Mientras que, la Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial y de Minería, en su carácter de Tribunal de Amparo- tras haber dado lugar al recurso de amparo colectivo interpuesto por vecinos de la ciudad-, intimó a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche a cumplir con lo establecido respecto al transporte público de pasajeros para el acceso de personas con discapacidad motriz (fuente: https://www.bariloche2000.com/noticias/leer/justicia-intima-a-la-municipalidad-por-transporte-accesible/114206).
La buena noticia, que esperamos a corto plazo se extienda a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, sin embargo, muestra su contracara en ciudades como, por ejemplo, Daireaux, provincia de Buenos Aires, o en la ciudad de Corrientes-capital de la provincia homónima-.
Hace algunas semanas, en este mismo espacio, relatamos los desafíos a los que debe enfrentarse a diario una persona con movilidad reducida para trasladarse de un lugar a otro, aun tratándose de colectivos que- como ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.)- cuentan con unidades adaptadas. Resulta imposible, entonces, no detenerse un momento y pensar cuánto más complicada debe resultarle esta actividad, tan simple de desarrollar para un ciudadano de pie, a una persona usuaria de silla de ruedas o de avanzada edad cuando no cuenta con un servicio de transporte público, tal como sucede en la mayoría de las provincias de la Argentina.
“Tanto mi esposo como yo, en varias oportunidades, tuvimos problemas para ascender y descender del colectivo en la ciudad de Corrientes porque nosotros, debido a nuestra edad, tenemos problemas articulares y ninguna línea de transporte público posee piso bajo ni plataforma elevadora”, cuenta indignada Amalia Del Carmen, una señora mayor que vive en Corrientes Capital. Sin embargo, el de Amalia Del Carmen no es un caso aislado.
El último censo poblacional, realizado en 2010, reveló que un 12,9% de la población de Argentina convive con algún tipo de discapacidad, es decir que son alrededor de 5 millones de personas- de las cuales más de 800 mil tienen discapacidad motriz- y si a ese número le sumamos las personas con movilidad reducida, permanente o transitoria, la cifra aumenta aún más. Respecto a la importancia de contar con espacios inclusivos, Nelson Tolosa, vecino de la ciudad de Daireaux, expresa que en el lugar “las condiciones de accesibilidad para una persona con movilidad reducida son bastante escasas. Recién están construyendo las bajadas en los cordones de las veredas, solo algunos comercios tienen rampa en sus ingresos y las unidades de transporte público adaptadas todavía no llegaron”.
Como mencionamos en la crónica anterior, el Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad es muy claro en referencia a la Ley N° 25.644- Transporte colectivo terrestre de jurisdicción nacional- al establecer, entre otros ítems, la obligatoriedad de renovar los colectivos para que sean accesibles, tener puertas para subir o bajar que permitan el ingreso de una silla de ruedas, reservar dos asientos para personas con discapacidad, permitir que las personas con discapacidad suban o bajen del colectivo por cualquiera de las puertas, tener espacios para ubicar los elementos que la persona con discapacidad usa para trasladarse y llevar el número de línea, ramal y otras indicaciones en carteles fácilmente visibles.
No obstante, a 24 años de la sanción de la Ley Nacional de Accesibilidad- Ley N° 24.314-, son muchas las ciudades del interior del país las que aún no le garantizan a sus habitantes un entorno inclusivo: libre de barreras arquitectónicas, urbanas y en el transporte.