Buenos Aires, octubre de 2013. El miércoles 9 de octubre a las 10 horas se sorteará en mesa de entrada de los Tribunales porteños, el Tribunal que entenderá en la causa iniciada por la ONG Acceso Ya, en conjunto con Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El objeto de la demanda es que se declare la inconstitucionalidad de la Resolución 309 (2004), que permite que locales comerciales queden injustamente exceptuados del cumplimiento de la normativa de accesibilidad vigente.
La Ley 962 de “Accesibilidad Física para Todos”, dispone que todo edificio de concurrencia masiva, de propiedad pública o privada, deba adecuar sus instalaciones a fin de garantizar el acceso, circulación y permanencia de las personas con discapacidad motriz o movilidad. No obstante, prevé tres requisitos que admiten su incumplimiento: que los edificios sean preexistentes a la sanción de la Ley (2002), que no se hayan realizado obras de ampliación, y que no puedan modificarse las características dimensionales y físicas de las circulaciones verticales y horizontales.
La Resolución 309 limita los requisitos establecidos en la Ley 962, reduciéndolos a dos: preexistencia e inexistencia de obras de ampliación. Lo controvertido de esta resolución es que para ampararse en esta excepción, basta la presentación de una simple declaración jurada del particular y del profesional encargado de la obra como mecanismo de control. Es sabido que esa declaración no es suficiente. Para poder establecer si un edificio es accesible se debería requerir la verificación de profesionales idóneos y externos de la obra. Asimismo omite exigir que “no puedan modificar las características dimensionales y físicas de las circulaciones verticales y horizontales”. Esto significa que, a la hora de otorgar una habilitación, el Gobierno de la Ciudad no exige el cumplimiento del principal requisito que exime del total cumplimiento de la Ley de Accesibilidad: el que efectivamente prueba que el edificio en cuestión no puede ser reformado.
Esta Resolución se ha convertido en el principal obstáculo en la implementación de las normas de accesibilidad en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Lograr su declaración de inconstitucionalidad producirá un gran impacto en las personas con discapacidad motriz o movilidad reducida.
Fernanda Bietti, directora ejecutiva de Acceso Ya concluye: “Las víctimas de esta situación creada por la resolución 309 son las personas con discapacidad motriz, quienes sufren graves violaciones a sus derechos fundamentales, afectando de esta manera su autonomía y dignidad como seres humanos.”
Acerca de Acceso Ya.
Es una organización no gubernamental (ONG) que busca integrar socialmente a las personas con discapacidad motriz. Sus tareas son: investigar barreras arquitectónicas, recabar denuncias sobre falta de acceso para luego accionar ante las autoridades competentes y brindar asesoramiento legal para defender el derecho a la accesibilidad.
